El acceso a la información completa y veraz es uno de los presupuestos de la vida democrática ya que la libre elección requiere información para la toma de decisiones. Este presupuesto se encuentra plasmado en infinidad de normas, entre ellas la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la Ley 25.326 de Habeas Data.

Al momento de realizar una transacción comercial, el comprobante que actualmente entrega el comerciante no muestra en forma clara y adecuada el precio del producto o servicio, sino que dicho precio se encuentra inmerso en un total global que comprende en forma indiscriminada el precio del producto o servicio más los impuestos locales y nacionales. Esto impide al consumidor evaluar correctamente el valor que está pagando por el producto o servicio que adquiere y su diferencia con el precio establecido en otras jurisdicciones, el cual puede variar conforme los diferentes impuestos aplicables.

Esta pérdida de información respecto al valor real de un producto o servicio no es algo menor. Dependiendo del ramo la carga impositiva puede ir del 20% al 60% del monto total abonado, lo cual actualmente pone al consumidor en una situación de total ignorancia respecto al precio real del producto o servicio.

Paralelamente, la ausencia de discriminación en el valor total implica la falta de información respecto a qué impuestos el consumidor está abonando al momento de adquirir el producto o servicio. El contribuyente está pagando actualmente un monto que no conoce, se le está cobrando un impuesto sin indicarle qué impuesto es y qué alícuota es aplicada. Este “pago a ciegas” de impuestos es una histórica injusticia que intenta subsanar esta ley.

Argentina posee una presión fiscal enorme. Se estima que la carga tributaria representa entre un 47% y un 62% del ingreso total de las familias asalariadas de la Argentina de acuerdo con informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y un aproximado de 106,5% incluyendo Impuestos y contribuciones como porcentaje de las ganancias netas de una sociedad de acuerdo con informes del Banco Mundial. Sin embargo y a pesar de que en el mundo los países desarrollan esquemas tributarios cada vez con menos cantidad de impuestos y menos presión tributaria, en Argentina seguimos con un esquema que cuenta con más de 165 impuestos que contribuyen a una presión fiscal que en algunos casos quintuplican las de otros países.

Este esquema genera gastos innecesarios y recaudaciones que poco sentido tienen, ya que de los 165 impuestos sólo 11 concentran aproximadamente el 90% de la recaudación total. Sumada a esta cuestión particular de la recaudación, se evidencia en la práctica que este nivel de presión tributaria e ineficiencia en la administración de los impuestos, la mayoría de ellos regresivos y que afectan directamente a la producción, sólo generan cada vez más evasión fiscal. El aumento de la economía informal no cesa, debido a estas razones.

La evasión tributaria originada por estas razones afecta profundamente la recaudación tributaria por ineficiente logrando como resultado un aproximado del 50% de recaudación que no llega a las arcas del Estado afectando los presupuestos nacionales, la inversión en Obra Pública y una asistencia social deficiente, especialmente para los jubilados. El exceso de regulaciones, la gestión ineficiente y poco transparente del Estado y la presión tributaria sólo acentúan este comportamiento de evasión fiscal perjudicando los derechos que el trabajo en blanco les da a las personas. Junto a otros perjuicios que se generan a nivel agregado.

Argentina posee una presión fiscal enorme, soportada tanto por las personas humanas como por las personas jurídicas. Sin embargo, esto es invisibilizado por el cociente entre recaudación y PBI, ya que esconde, y promedia, la evasión fiscal existente, por un lado, con la sobrecarga tributaria efectiva por el otro lado, que recae en aquellos contribuyentes que cumplen con la totalidad de sus obligaciones fiscales.

Si bien resulta imposible para la mayoría de las PyMEs existentes honrar el 100% de los tributos que recaen sobre sus espaldas en la actualidad, y que hacer cumplir esto llevaría a una recesión sin precedentes, resulta necesario encarar un camino de normalización fiscal que permita una ecuación más razonable entre tamaño del estado, nivel de gasto público y cargas impositivas.

Para poder iniciar este camino resulta imprescindible que los compradores o contratantes puedan tomar pleno conocimiento y real dimensión económica de los impuestos indirectos involucrados en cada transacción que realiza.

Por tal motivo, resulta fundamental emular a tantos otros países que reflejan en las operaciones comerciales cotidianas el peso del Estado en los actos de consumo. En tal sentido, proponemos que en cada ticket, factura o comprobante fiscal que se emita, sin perjuicio de si el destinatario es un consumidor final, un responsable inscripto o de cualquier otra categoría, aparezca reflejado el monto y detalle de los tributos que se abonan en cada operación, separado del valor del producto o servicio contratado.

Así también, resulta necesario que los trabajadores en relación de dependencia puedan tener acabado conocimiento de los montos que indirectamente, vía contribuciones patronales, aportan al fisco, a la seguridad social o a cualquier otro organismo, y que no son visibles en su remuneración bruta.

Por este motivo, proponemos se incorpore en los recibos de pago de haberes, las contribuciones patronales en forma detallada a cargo del empleador.

De esta manera pretendemos brindar a los contribuyentes más herramientas para que puedan estar plenamente informados acerca del peso del Estado en cada uno de sus actos de consumo y sobre sus ingresos reales, y que de esta forma puedan tener un mejor conocimiento del impacto sobre su economía real de las medidas expansivas del gasto público.

FIRMANTE: José Luis Patiño

VISIBILIZACIÓN DE IMPUESTOS EN COMPROBANTES DE COMPRA PARA EL CONSUMIDOR FINAL

ARTÍCULO 1o.- Modifíquese el artículo 10 de la Ley No 24.240 -Defensa del Consumidor- que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 10. — Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá constar:

  • a)  La descripción y especificación del bien.
  • b)  Nombre y domicilio del vendedor.
  • c)  Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere.
  • d)  La mención de las características de la garantía conforme a loestablecido en esta ley.
  • e)  Plazos y condiciones de entrega.
  • f)  El precio y condiciones de pago.
  • g)  Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por eladquirente.
  • h)  Los impuestos que el adquirente paga en la operación, especificando cada uno.
  • i)  El subtotal de lo que hubiera pagado sin los impuestos aplicados.
  • j)  El monto agregado total de impuestos.

La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes.

Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto.

Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor.

La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley.”

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el artículo 140 de la Ley N° 20.744 – Contrato de Trabajo – que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 140. —Contenido necesario.

El recibo de pago deberá necesariamente contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones:

  • a)  Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio y su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T); (Inciso sustituido por art. 1o de la Ley N° 24.692 B.O. 27/9/1996).
  • b)  Nombre y apellido del trabajador y su calificación profesional y su Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.); (Inciso sustituido por art. 1o de la Ley N° 24.692 B.O. 27/9/1996).
  • c)  Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial de su determinación. Si se tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los importes totales de estas últimas, y el porcentaje o comisión asignada al trabajador.
  • d)  Los requisitos del artículo 12 del decreto-ley 17.250/67.
  • e)  Total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual devengado y tiempo que corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas, y si se tratase de remuneración por pieza o medida, número de éstas, importe por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado.
  • f)  Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autorizadas por esta ley; embargos y demás descuentos que legalmente correspondan.
  • g)  Importe neto percibido, expresado en números y letras.
  • h)  Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador.
  • i)  Lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de laremuneración al trabajador.
  • j)  En el caso de los artículos 124 y 129 de esta ley, firma y sello de losfuncionarios o agentes dependientes de la autoridad y supervisión delos pagos.
  • k)  Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamentese desempeñó durante el período de pago.
  • l)  Las contribuciones patronales a cargo del empleador,correspondientes al recibo.
  • m)  El total a pagar por el empleador, por todo concepto, incluyendocontribuciones patronales y cualquier otra contribución o gasto por ley establecido a su cargo.”

ARTÍCULO 3o.- Modifíquese el artículo 39 del anexo I del decreto 280/97 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 39.- Cuando un o una responsable inscripto o inscripta realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas.

Tratándose de las operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, solo se podrán considerar operaciones con consumidores finales aquellas que reúnan las condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

ARTÍCULO 4o.- La autoridad de Aplicación deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor de 60 días desde su promulgación.

ARTÍCULO 5o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.