El drama de la joven de Salta conmociona al país y refleja inconsistencias e incoherencias en la aplicación de la Ley 27610. En Tartagal, una mujer de 21 años con un embarazo de casi 6 meses de gestación en Tartagal, Salta.

El artículo 71 de la Constitución Nacional establece que “Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de, entre otras normas, la Ley N° 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Además, entre las misiones que tiene por competencia debe “Entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar la violencia por razones de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan las relaciones interpersonales”.

Pues bien, más allá de que la Ley 27.610 avasalla gravemente el derecho humano fundamental a la vida consagrado en nuestro ordenamiento jurídíco y en los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional que ha ratificado Argentina, hoy está suscitando nada más ni nada menos que abortos forzados, conocidos como una nueva forma de violencia contra la mujer.

En este sentido, cuadra destacar que en el informe de 2019 de la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, el aborto forzado y la esterilización forzadas son una forma de violencia obstétrica. Asimismo, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, prohíbe la esterilización forzada y el aborto forzado, mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas las prohíben implícitamente mediante la protección de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.

De conformidad a lo expuesto, se hace indispensable que la Ministra visite esta Honorable Cámara para dar explicaciones acerca de este horroroso caso que está conmocionando a la provincia de Salta y a todo el país.

FIRMANTE: Dina Rezinovsky

Citar a la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta para que, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, explique que medidas se impulsarán desde su ministerio para prevenir y erradicar el aborto forzado, como ha sucedido recientemente en Tartagal, Salta con la vigencia de la Ley 27610.