Presentamos este pedido de informes sobre la evolución de los juicios llevados a cabo en jurisdicción nacional y extranjera, en los que se vio involucrada la re-estatización de YPF, en uno de los casos más gravosos para nuestro país en esta materia durante el gobierno del primer kirchnerismo.

No sorprende la falta de noticias y la vocación del actual gobierno para que no se difundan los pormenores y derivaciones de juicios que se mantienen ocultos para la opinión pública, que de salir a la luz generarían un escándalo de proporciones inauditas. Es que en esas causas se investigan actos de corrupción por miles de millones de dólares cuando lo que se divulgaba con liviandad a los ciudadanos en aquel momento de la sanción de la ley de estatización – allá por el año 2012 – era una épica populista, plagada de eslóganes como el propio título de la Ley “Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina” u otros que titularon algunos diarios “la Argentina recuperó su soberanía petrolera”, “YPF es nuestra”, “YPF es Argentina”, que incluso incluyeron el canto de la marcha partidaria oficialista al momento de la sanción de la ley, sanción que lamentablemente fue acompañada por muchos opositores de aquel momento, lo que sin duda constituye un caso paradigmático en el que se ve el impacto de las consecuencias nefastas de acompañar actos completamente negativos y disvaliosos para varias generaciones de nuestro país por obra de la “corrección política”. Recordemos que sólo dos años después, la Argentina debió reconocer por esta estatización sus incumplimientos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – CIADI – y debió pagar a Repsol la extraordinaria suma de 9.000 millones de dólares -5.000 millones de capital y 4.000 millones en concepto de intereses-, sin mencionar los casi 15.000 millones de dólares que se pagaron hasta el 2013 en concepto de utilidades futuras -que, como mencionaremos más adelante, eran en realidad activos de la empresa-, cuando el gobierno de aquel momento había prometido que la operación sería a costo cero para el país.

Sin embargo a la Argentina le iba a quedar todavía mucho por pagar, a raíz de la re- estatización de YPF, ya que – y volviendo al momento de la estatización en 2012 -, la realidad bajo el velo era otra y algunos ya lo habían denunciado desde el año 2006 , atento a la posible comisión de varios delitos, como el contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros. Esto denotaba una posible omisión en la intervención del Estado, por lo que había aparte, y como mínimo, una posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público – ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía-. Por otra parte, en esos años y en los siguientes, la producción de hidrocarburos del país sufrió una importante disminución, sin que esto pudiera ser adjudicado a ningún parámetro objetivo de medición local ni de la coyuntura internacional, por lo que disminuyeron sostenidamente importantes volúmenes de producción de gas y petróleo, sin que este hecho llamara la atención de las autoridades nacionales ni provinciales; en suma quedaba patente la total ausencia del Estado en el contralor de la cadena hidrocarburífera, incluyendo las exportaciones de estos productos y sus derivados.

No cabía duda de que se estaba ante un conjunto de acciones sospechosas que, pese a las denuncias realizadas, no fueron investigadas. Finalmente, estas acciones condujeron al vaciamiento de YPF, tal como se describe en el proyecto de resolución referenciado, encabezado por la Diputada Paula Oliveto Lago, Expediente 0499-D-2021, del que en parte tomamos antecedente para describir el proceso que llevó a la estatización, luego de la previa entrega al grupo Eskenazi, cuyas consecuencias pagamos y pagaremos por décadas incluyendo las generaciones venideras.

Una de las cuestiones que queremos destacar de aquel momento, en plena etapa del primer kirchnerismo, es que la compra de parte del paquete accionario de YPF por parte del grupo Petersen fue presentada con otro eslogan populista: “un paso a la nacionalización” del petróleo, cuando la realidad era empujar la salida de Repsol YPF – tal vez con su connivencia -, en el marco de un escenario altamente desfavorable que se remontaba desde hacía años atrás. Esta situación implicaba un proceso de desinversión forzada por parte del grupo español en nuestro país debido a las diversas medidas del Estado argentino, como eran los altos niveles de retención a la exportación del crudo y los precios máximos en boca de pozo y en la venta de combustibles al mercado interno.

Durante ese proceso en el que se “preparaba el terreno” para la salida de Repsol del país, se compraron acciones por parte de la familia Eskenazi, dueña del grupo Petersen. Lo curioso es que esa supuesta compra no se concretó a cambio de dinero, sino a través de la promesa de futuras utilidades, circunstancia que generó las sospechas de la Bolsa de Estados Unidos, que su vez exigió una caución: es este punto uno de los que solicitamos información específica, porque existen sospechas de que esa caución se habría concretado con fondos depositados en Suiza, provenientes de la corrupción de ese momento.

De comprobarse esto, saldría a la luz quienes participaron (y tal vez continúen haciéndolo) en la titularidad de la empresa y se determinaría cómo habrían actuado funcionarios públicos para beneficiarse personalmente utilizando al Estado, no sólo desde las medidas adoptadas en lo administrativo, sino generando con ello acciones que a la postre significarían la afectación de fondos públicos por miles de millones de dólares, tal como vemos que se desarrollaron las consecuencias de los arbitrajes, juicios y denuncias sobre YPF con posterioridad a la estatización.

Se ha dicho asimismo que la llamada “argentinización” de YPF, concretada con la venta de una parte del capital accionario de la empresa al Grupo Petersen contó con la anuencia de Repsol como parte de una acuerdo que le permitía la salida de dólares que de otro modo no hubiera podido obtener, producto de la rígida política cambiaria de ese momento. De otro modo, resultaría inexplicable que Repsol haya consentido en deshacerse del 25% de su capital accionario financiando con dividendos futuros la adquisición del mismo. Por otro lado, es fundamental mencionar que estos dividendos se pagaron en gran parte con la distribución de utilidades que provenían de la liquidación de activos, lo que minó enormemente la posición de la empresa. Resultaría paradójico descubrir que quienes hablan de “fuga de capitales” habrían sido los garantes de una enorme operación financiera en este sentido, la que contribuyó al vaciamiento de una empresa de la que hicieron bandera y que puso en jaque el abastecimiento energético de nuestro país.

Esta es sólo una de las aristas del proceso de estatización de YPF y que – reiteramos -, fue objeto de denuncias ante la Justicia Federal, en expedientes que al parecer no tuvieron mayores avances y sobre los que ahora preguntamos respecto de la intervención del Estado Nacional en todos estos años. De aquí que queremos saber sobre la cantidad de juicios llevados adelante, sobre la estrategia del Estado en cada proceso y si los cambios que en este sentido pueda impulsar la actual Procuración del Tesoro respecto de la del gobierno anterior no pudieran afectar la postura del Estado en la determinación de las responsabilidades de los funcionarios que desde el año 2003 intervinieron en el proceso de privatización, vaciamiento y posterior expropiación de YPF.

Sobre estos procesos judiciales queremos saber cuáles son las partes en conflicto, en qué estado se encuentran los procesos, los montos involucrados, si en los procesos se han detectado defraudaciones masivas por balances falsos y si el Estado Nacional participa como querellante o parte. Respecto de los balances falsos o irregulares, solicitamos se informe por la referencia a uno de los expedientes, que es de fines del 2010 y principios de 2011, en el que el Estado habría vendido en el mercado, acciones de YPF con valores distorsionados provenientes de balances falsos por alrededor de 1.500 millones de dólares. En esos balances habrían figurado activos que ya no existían más, por lo que había más pasivos que activos. Esto motivó la denuncia por parte de los accionistas que compraron esas acciones, hecho que habría generado, por una parte, la baja de su precio y por la otra, esa causa judicial de la que poco se conoce, pero que entre otras cuestiones involucraría valores a resarcir por parte del estado por 4 mil millones de dólares.

Por otra parte, cabe destacar que el acuerdo al que llegara la Argentina en 2014 por el arbitraje que iniciara Repsol ante el CIADI a raíz de que la estatización significó un grave incumplimiento en el que hizo incurrir el gobierno de ese momento a nuestro país por los tratados de inversiones extranjeras – y por el que, dijimos, la Argentina debió pagar a la empresa española unos 9.000 millones de dólares sin contar dividendos -, no son óbice para que se continúe investigando la conducta presumiblemente delictual de todos los que intervinieron en las operatorias que llevaron al vaciamiento de YPF y a todas las maniobras estatales y privadas con indicios de ser fraudulentas realizadas desde 2003.

Señor Presidente, han pasado años desde la estatización de YPF y pese a las denuncias presentadas desde el año 2006 no se ha determinado la responsabilidad de los funcionarios involucrados. En la actualidad, en la única denuncia que se difunde – que es la del Fondo Burford y que se lleva adelante en EE.UU. – nos encontramos ante un potencial perjuicio millonario para las arcas públicas, sin que se hayan determinado las responsabilidades penales y administrativas de esos funcionarios ni la de los Grupos Repsol y Petersen involucrados y sin que se sepa si corresponde ese pago. Es mucha la falta de información sobre el caso, sobre todo cuando los Grupos mencionados ya recibieron (o recibirían más ahora), un resarcimiento pese a que su actuación estaba seriamente cuestionada por las maniobras en el vaciamiento deliberado de YPF y sobre las defraudaciones en las posteriores acciones, previas y posteriores a su privatización, en presunta complicidad con los funcionarios que intervinieron, algunos de los cuales habían declarado que la expropiación “no va a costar nada”6 y que a la luz de los multimillonarios pagos realizados posteriormente y los que deberán hacerse en el futuro, deberían rendir cuenta, al menos de sus falacias.

En suma, ante la sospecha de que estaríamos ante un capítulo más del plan de impunidad pergeñado por el actual gobierno para encubrir los hechos de corrupción perpetrados por la administración del gobierno entre 2003 y 2015 mediante la estatización de una empresa – modus operandi que ya se percibió en el caso Ciccone -, es que presentamos este pedido de informes para que con sus respuestas, se pueda conocer la verdad de la estatización de YPF y se puedan iniciar las acciones que en nuestra competencia consideremos oportunas.

FIRMANTE: Francisco Sánchez

Solicitar al Poder Ejecutivo, por medio de los organismos que correspondan, informe sobre el estado de los procesos judiciales relacionados a la expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A. y del 51% del patrimonio de Repsol YPF Gas S.A., y en especial indique con información detallada y actualizada al momento de su respuesta:

  1. En cuántos procesos judiciales relacionados a la expropiación de YPF es parte la República Argentina y/o algún estado provincial, y detalle en qué jurisdicción y tribunal tramita cada causa, cuáles son las partes en conflicto y en qué estado se encuentra el proceso;
  2. Cuál es la estrategia a seguir en cada proceso, y si se planea variar respecto de la estrategia planteada por la Procuración del Tesoro en el anterior período de gobierno;
  3. Si existen procesos judiciales en curso en sede nacional y/o provincial tendientes a determinar la posible comisión de delitos por parte de funcionarios públicos y/o directivos de YPF en el proceso de su privatización, y posterior venta de acciones a terceros grupos privados, y/o proceso de expropiación; en su caso, detalle: en qué jurisdicción y tribunal tramitan las causas, cuáles son las partes en conflicto, estudios jurídicos contratados por el Estado y su costo, en qué estado se encuentran los procesos, los montos involucrados, si en alguno de ellos consta la solicitud de cauciones por parte de la Bolsa de EE.UU. y otro organismo o parte; y si fueron otorgadas, cómo habrían sido solventadas, si en los procesos se han detectado defraudaciones masivas por balances falsos y si el Estado Nacional participa como querellante; y
  4. Si existen procesos judiciales en curso en sede nacional o extranjera, tendientes a determinar la posible comisión de delitos en marco de la adquisición de parte del capital accionario de YPF por parte del Grupo Petersen. en su caso, su informe sobre la responsabilidad que surja de los funcionarios públicos intervinentes.page1image1735930688