El actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue notificado por primera vez en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, República Popular China, el 31 de diciembre de 2019. Poco tiempo después, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que dicha enfermedad, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se había convertido en una pandemia, fecha en la que se reportaban 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertes.

La OMS denomina “pandemia” a la “propagación mundial de una nueva enfermedad” (Alerta y Respuestas Mundiales, GAR – ¿Qué es una pandemia? 24 de febrero de 2010, en www.who.int).

A las 2:35 pm CEST del 18 de abril de 2021 se habían notificado a la OMS 140.322.902 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.003.794 muertes. Por su parte, para el 15 de abril de 2021 se habían suministrado globalmente un total de 751.452.536 dosis de vacuna (WHO Coronavirus COVID-19 Dashboard).

Según lo informado por el Ministerio de Salud de Argentina, el 17 de abril de 2021 a las 15:17:28 se registraron 19.119 confirmaciones con COVID-19 en el día; un total de 2.677.747 confirmados en todo el país; un total de 2.343.808 recuperados; 80 fallecidos en el día; y 59.164 fallecidos en total, resultando 3.977 confirmados COVID-19 internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un registro de ocupación de camas UTI Adulto Nación de 64.8% y 74.3% de ocupación de camas UTI Adulto AMBA, en ambos casos para todas las patologías tanto en el sector público como privado (Información epidemiológica en sitio www.Argentina.gob.ar).

En esa misma fuente se observa que las personas entre 0 y 19 años han sido las menos afectadas, resultando el índice de muerte de menos del 0,5% del total de muertos durante el período completo de la pandemia.

Según UNICEF, “Los cierres de escuelas que se han producido en todo el mundo en respuesta a la pandemia de la COVID-19 suponen una amenaza sin precedentes para la educación, la protección y el bienestar de los niños. A fines de abril, el cierre de escuelas en todo el país había interrumpido el aprendizaje de más del 73% de los estudiantes, o más de 1.200 millones de niños y jóvenes” (Marco para la reapertura de las escuelas preparado por la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos. Ver www.unicef.org).

A ello agrega: “Las escuelas no sólo enseñan a los niños a leer, escribir y contar. También proporcionan servicios de nutrición, salud e higiene, servicios de salud mental y apoyo psicosocial, y reducen considerablemente el riesgo de violencia, embarazo precoz y otras amenazas. Los niños más vulnerables son los más afectados por el cierre de escuelas, y las crisis anteriores nos han enseñado que cuento más tiempo permanezcan fuera de la escuela, menos probable será que vuelvan a ella. Al decidir si se reabren las escuelas, las autoridades deben evaluar los beneficios y los riesgos para la educación, la salud pública y las consecuencias socioeconómicas en el contexto local, sobre la base de los datos más fiables disponibles. El interés superior de cada niño debe ser primordial. Este marco tiene por objeto servir de base del proceso de adopción de decisiones relativas a la apertura de escuelas, guiar los preparativos nacionales y orientar la aplicación de la reapertura de escuelas como parte del proceso general de planificación de la salud pública y la educación. Es un instrumento flexible que puede adaptarse a cada contexto y actualizarse a medida que la situación evolucione. En las directrices se establecen seis esferas prioritarias principales para evaluar la preparación para la escuela y orientar la planificación” (fuente citada anteriormente).

El documento en cuestión, que lleva como fecha abril 2020, expresa: “A pesar de que todavía no contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. La interrupción de los servicios educativos también tiene consecuencias graves y a largo plazo para las economías y las sociedades, como un aumento de las desigualdades, peores resultados en materia de salud y menor cohesión social. Muchos países carecen de datos completos sobre la prevalencia del virus, y los responsables de tomar decisiones tendrán que realizar sus evaluaciones sin contar con toda la información que requieren y en medio de la incertidumbre. Los gobiernos nacionales y los socios deben trabajar simultáneamente en la promoción y la protección del derecho de todos los niños a la educación, la salud y la seguridad, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño. El interés superior de niño debe ser la consideración fundamental” (“Marco para la reapertura de las Escuelas”. UNESCO, UNICEF, Grupo Banco Mundial y WFP. Versión en español).

“Los dirigentes de todos los países se tienen que enfrentar a una difícil disyuntiva para decidir si deben flexibilizar las medidas de aislamiento en medio de la incertidumbre existente. Este marco sirve para guiar el proceso de toma de decisiones sobre el momento oportuno para reabrir las escuelas; también es útil para ayudar en la preparación de los países y para orientar el proceso de reapertura, como parte de la planificación general en materia de salud pública y educación. Responder a las condiciones locales y satisfacer las necesidades de todos los niños respecto del aprendizaje, la salud y la seguridad exige tener en cuenta el contexto e introducir adaptaciones constantemente” (ob. cit.).

En el documento se hacen preguntas clave tales como ¿Por qué reabrir las escuelas?, o ¿Cuándo, dónde, y qué escuelas reabrir?

Con respecto a la primera se sostiene que “Interrumpir la instrucción en el aula puede tener graves repercusiones en la capacidad de aprendizaje de los niños. Cuanto más tiempo los niños marginados dejen de asistir a la escuela, menos probable es que regresen. Los niños de las familias más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias más pudientes. La inasistencia escolar también aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, explotación sexual, matrimonio infantil y uniones tempranas, violencia y otros peligros. Además, los cierres prolongados interrumpen los servicios esenciales que prestan las escuelas, como la vacunación, la alimentación escolar, el apoyo a la salud mental y la orientación psicosocial. Así mismo, pueden generar estrés y ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de las rutinas. Los niños marginados sufrirán en mayor medida estas consecuencias negativas, especialmente los que viven en países afectados por conflictos y otras crisis prolongadas, los migrantes, los desplazados por la fuerza, los que pertenecen a minorías, los niños con discapacidad y los niños confiados al cuidado de instituciones. La reapertura de las escuelas debe hacerse en condiciones de seguridad y de manera compatible con la respuesta general de cada país a la COVID-19, adoptando todas las medidas razonables para proteger a los estudiantes, el personal, los docentes y sus familias” (fuente citada).

En la respuesta a la segunda pregunta UNESCO-UNICEF y las demás instituciones involucradas en la elaboración de este marco manifiestan que “El momento para reabrir las escuelas debe guiarse por el interés superior del niño y por consideraciones generales de salud pública, sobre la base de una evaluación de las ventajas, los riesgos y las pruebas intersectoriales y específicas del contexto, incluidos los factores socioeconómicos, educativos y de salud pública. Este análisis también servirá para priorizar las medidas de mitigación de los riesgos. La toma de decisiones deberá hacerse junto con las partes interesadas a nivel sub-nacional, a fin de que las medidas se basen en un análisis de cada contexto local” (fuente citada).

Profundizando la cuestión el informe expresa: “Las decisiones en torno a la reapertura de las escuelas exigirán que los países obtengan, sin demora, información de importancia crítica acerca de la forma en que las escuelas, los docentes, los estudiantes y las comunidades están enfrentando los cierres y la pandemia. Realizar encuestas de respuesta rápida a los líderes escolares y locales, los maestros, los estudiantes, los padres y las madres puede ayudar a obtener esta información. Los encargados de la toma de decisiones deben entonces evaluar la mejor manera de apoyar el aprendizaje y el bienestar en cada contexto, teniendo especialmente en cuenta los beneficios de la instrucción en el aula frente a aprendizaje a distancia y examinando los factores de riesgo asociados con la reapertura de las escuelas, sin olvidar que las pruebas sobre el riesgo de información que conlleva la asistencia a la escuela no son concluyentes”.

A continuación formula una serie de preguntas muy atinentes y concluye este capítulo expresando que “Analizar las ventajas y los riesgos específicos de cada contexto permite establecer prioridades para la reapertura de las escuelas (o componentes de las escuelas), y priorizar tanto las actividades de mitigación de los riegos en las escuelas y las comunidades como las materias para el aprendizaje a distancia).

El Observatorio Argentinos por la Educación identificó seis consecuencias negativas de la interrupción de clases presenciales: 1) Salud emocional: las consecuencias del cierre escolar en la salud emocional constituyen la principal preocupación de las familias: 2) aprendizajes: de cada 10 familias consideran que sus hijos perdieron aprendizajes significativos durante 2020; 3) desigualdad: mientras que las plataformas de video / streaming tienen un 80,5% de uso en las instituciones privadas, en las instituciones públicas este porcentaje solo llega a 29,4%; 5) medios de comunicación: 9 de cada 10 estudiantes de primaria de escuelas estatales utilizan el WhatsApp como principal medio de comunicación con la escuela cuando no hay presencialidad; y 6) dinámica familiar: 9 de cada 10 alumnos de primaria necesitaron acompañamiento de un adulto en las actividades escolares durante la virtualidad. Ver en tal sentido su página web: www.argentinosporlaeducación.org donde se publican una serie de informes sobre el particular.

¿Qué ocurrió y acaba de ocurrir en Argentina?

Al 15 de marzo de 2020, cuando se suspendieron las clases presenciales, “había 10.381.433 estudiantes en el sistema educativo, de los cuales 16,6% en el nivel inicial, 43,9% en la primaria y 39,5% en la secundaria. En tanto, el 53% de los alumnos era pobre, un 5,8% de los menores de 18 años vivía en hogares hacinados y 56,1% de los hogares tenía internet fijo. Por otro lado, la posesión de Internet en la vivienda para los niños de escuelas primarias de estratos socioeconómicos más bajos llegaba al 37,46% frente a un 99,49% en los niveles económicos más altos. En secundaria, ese porcentaje se traducía en 54,5% para niveles económicos bajos y 97,8% para los más altos, de acuerdo a datos de los Operativos Aprender 2017 y 2018. En relación a la posesión de una computadora en el hogar, 28,93% de alumnos de primaria de niveles bajos disponía del equipo frente a 99,33% en los niveles altos. En secundaria, esa diferencia era de 54,8% para niveles bajos y 99,03% para altos” (¿Cuál fue la respuesta del sistema educativo argentino ante la pandemia? Alejandra Cardini, Directora de Educación de CIPPEC).

El 14 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación de Argentina publicó en su sitio oficial una declaración suscripta por los máximos responsables de las carteras educativas del Poder Ejecutivo nacional y por las ramas ejecutivas de los gobiernos de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver en tal sentido: https://www.argentina.gob.ar/noticias/sin-salud-no-hay-presente-y-sin-educacion-no- hay-futuro

Allí se sostiene que “La pandemia afectó y afecta a la totalidad de nuestro país; a todas y cada una de las jurisdicciones educativas. El aprendizaje que hemos transitado en este tiempo nos permite afrontar el desafío del inicio del ciclo 2021 con la presencialidad como ordenadora del sistema educativo”.

“Desde que se declaró la emergencia sanitaria, la comunidad educativa toda (docentes, no docentes, estudiantes, familias) hemos trabajado intensamente en el retorno a las actividades presenciales; se logró en varias jurisdicciones educativas donde la situación sanitaria lo permitió, a partir de los protocolos consensuados en el marco del Consejo Federal de Educación aprobados en julio de 2020 y hemos capitalizado esas experiencias”.

“También nos hemos nutrido de la evidencia construida a nivel internacional, lo que nos permite dar el siguiente paso, siempre priorizando el cuidado integral de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Inmediatamente después las máximas autoridades en materia educativa del país expresan: “Como Ministros y Ministras de Educación de nuestras jurisdicciones asumimos el compromiso de priorizar el sostenimiento de las clases presenciales. Para ellos se construyeron unánimemente indicadores y se actualizaron los protocolos en función de la situación epidemiológica actual y de los avances científicos construidos en este tiempo. Para ello, es fundamental sostener las medidas de cuidado necesarias para garantizar una vuelta a clases segura para toda la comunidad equitativa: Distanciamiento físico dentro del aula, al menos, 1,5 metros; distanciamiento físico en áreas de desplazamiento de, al menos, 2 metros; uso correcto de tapaboca; ventilación adecuada de las aulas y limpieza y desinfección regular de los edificios; higiene frecuente de manos; alternancia entre educación presencial y no presencial en aquellos establecimientos educativos donde las dimensiones edilicias no permitan la permanencia simultánea de la totalidad de las y los estudiantes; articulación con los equipos de salud en sus distintos niveles para una vigilancia epidemiológica activa; organización del ingreso y egreso de la escuela para evitar aglomeraciones; priorización de la comunidad educativa en el transporte público”.

A ello agregaron: “La mejora en los indicadores epidemiológicos y la determinación de considerar a los y las docentes y no docentes dentro de los grupos prioritarios de vacunación nos permitirá ir maximizando la presencialidad día a día. Aquellas y aquellos estudiantes de la comunidad educativa que pertenezcan a un grupo de riesgo no deberán asistir pero verán garantizado su derecho a la educación. Los aprendizajes que no pudieron alcanzarse en el 2020 serán abordados en el 2021, entendiendo ambos años lectivos como una unidad pedagógica permitiendo la intensificación de la enseñanza, la reorganización curricular y la acreditación de dicha unidad temporal. A través de los conceptos de promoción acompañada, se sostienen los procesos singurales de aprendizaje de cada estudiante promoviendo la continuidad en las trayectorias. Los saberes prioritarios han sido reorganizados, por lo que ratificamos el compromiso con la calidad, la inclusión y la equidad educativa”.

Finalmente expresaron: “Para sostener esta premisa, y lograr la mayor presencialidad posible, es fundamental el compromiso de toda la sociedad en pos de disminuir la circulación viral”.

Para concluir: “Hoy ratificamos nuestro compromiso, con solidaridad y con el trabajo mancomunado que venimos desarrollando, dejando de lado diferencias para seguir pensando en clave de derechos, el cuidado de la salud, la socialización y la educación de niños, niñas y adolescentes”.

Dos meses más tarde, el 14 de abril de 2021, el Ministerio de Educación de la Nación realizó una nueva publicación en su sitio oficial bajo título: “Educación Salud y especialistas evaluaron la presencialidad en las escuelas”, donde se expresa: “Los especialistas acordaron que la presencialidad en las aulas es segura con la aplicación de protocolos y que la escuela debe ser sostenida como espacio priorizado, para garantizar los aprendizajes y contener el impacto subjetivo de la pandemia” (https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-salud-y-especialistas-evaluaron-la- presencialidad-en-las-escuelas-0).

Participaron del encuentro el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, Sandra Tirado; y especialistas. Según se indica en esa publicación, el Ministro Trotta señaló: “La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad. La discusión no es presencialidad sí, presencialidad no; las restricciones no pueden empezar por la escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestras niñas y niños. En este escentario de complejidad, las restricciones deben estar vinculadas a los ámbitos sociales no protocolarizados que se desarrollan fuera de la escuela y se ha comprobado, son espacios donde se relajan los cuidados”.

A ello agregó: “Si tiene que haber una disminución de presencialidad en las escuelas por la segunda ola de coronavirus, no debería implicar la suspensión absoluta, puede restringirse en aquellas zonas que presenten mayor complejidad como aporte a la baja en la circulación, siempre considerando la menor unidad

geográfica posible” y aclaró: “Hoy asistimos a una presencialidad reducida ya que en ninguna jurisdicción argentina hay un regreso pleno a las aulas; nuestras y nuestros estudiantes concurren de forma alternada”.

Desde el ámbito del Ministerio de Salud, por su parte, la Secretaria señaló: “… seguimos trabajando con el Ministerio de Educación a través de la plataforma Cuidar Escuelas, donde tenemos un registro de los casos que se detectan en las instituciones. Las escuelas no se han identificado como focos de alta propagación, por eso nuestra idea es cumplir con las medidas, que sepamos cuáles son y que cuidemos esta presencialidad que es tan importante no sólo para los aprendizajes, sino también para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes”.

La charla completa está publicada en YouTube, donde puede consultarse: https://www.youtube.com/watch?v=E6obmx348Vo

Posteriormente, ese mismo día, se reunió el Consejo Federal de Educación. Según la publicación, bajo el título “Trotta en el CFE: ́Las restricciones no deben comenzar por el cierre de las escuelas como primera medida ́” el Ministro expresó: “Confiamos en la fiscalización de cada una de las jurisdicciones, como confiamos también en los equipos directivos de cada escuela para desplegar los protocolos en cada establecimiento”.

(https://www.argentina.gob.ar/noticias/trotta-en-el-cfe-las-restricciones-no-deben-co menzar-por-el-cierre-de-las-escuelas-como)

Al día siguiente, 15 de abril de 2021, el Presidente de la Nación, acompañado de todos sus ministros, incluyendo a los de Educación (Nicolás Trotta) y Salud (Carla Vizzotti) dictó el decreto de necesidad y urgencia DNU No 241 por el que resuelve en el Artículo 2o lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 10 del Decreto No 235/21, por el siguiente: “ARTICULO 10.- CLASES PRESENCIALES. Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en el presente decreto o que se dispongan, dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones No634 del 2 de julio de 2020, 370 del 8 de octubre de 2020, 386 y 387 ambas del 13 de febrero de 2021 del Consejo Federal de Educación, sus complementarias y modificatorias”.

A ello agrega la norma: “En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”.

“Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente. Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”.

“El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y alumnas –y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales, quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones enunciadas”.

“Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3o del Decreto No 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”.

Por último, la norma expresa: “Estas medidas resultan de aplicación, salvo que el presente decreto o las disposiciones focalizadas y transitorias que hayan adoptado o adopten en lo sucesivo los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispongan una restricción mayor”.

En paralelo, el artículo 5o del DNU No 241/21 sustituye el artículo 16 del decreto No 235/21 suspende las siguientes actividades en el AMBA: 1) centros comerciales y shoppings; 2) todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados; 3) locales comerciales, salvo las excepciones previstas en el artículo 20 del decreto, entre las 19:00 y las 06:00 horas del día siguiente; 4) locales gastronómicos (restaurantes bares, etc.) entre las 19:00 y las 06:00 horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía, aclarándose que entre las 6:00 y las 19:00 horas los locales gastronómicos sólo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre. Respecto al servicio de transporte público de pasajeros urbano e interurbano se establece que “sólo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las actividades, servicios y situaciones comprendidas en los términos del artículo 1o del Decreto No 125/21 o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso a la fecha del dictado de este decreto, así como para las personas que deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere. En estos casos, las personas deberán portar el ́CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN – EMERGENCIA COVID-19, que las autoriza a tal fin”.

El artículo 6o del DNU 241/21 incorpora como último párrafo del artículo 18 del Decreto 235/21 que “En el aglomerado del AMBA la restricción de circular regirá desde las VEINTE (20) horas hasta las SEIS (6) horas del día siguiente”.

Con respecto a la implementación y el rol de las provincias, la CABA y los municipios de todo el país, el artículo 7o del DNU 241/21 incorpora como artículo 27 bis al Decreto 235/21 una normativa que pone en cabeza de los mencionados el dictado de “las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional. Ello, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias”.

¿En qué marco y por qué el PEN adoptó esta medida?

En base a los decretos 260/20 y 297/20 por los cuales, respectivamente, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley No 27.541 y se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2020, el que fue sucesivamente prorrogado.

Posteriormente, por Decreto No 520/20 y sus normas modificatorias y complementarias se dispusieron, según el territorio, distintas medidas que dieron origen al “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (DISPO) hasta el 9 de abril de 2021, inclusive.

Por Decreto No 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto No 260/21, hasta el 31 de diciembre de 2021; estableciéndose por Decreto No 235/21 “medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deben cumplir todas las personas, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”.

Con respecto al por qué, el PEN realiza en primer lugar una serie de consideraciones asociadas a la campaña de vacunación en curso; al número de casos positivos y de fallecidos en Argentina y el mundo, señalando que “actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los nuevos casos se concentran en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)”.

Sobre esta área geográfica específica del país expresa que “la velocidad en el aumento en forma sostenida de los casos registrados … es considerablemente mayor a la que se venía registrando y a la que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad, si no se adoptan medidas para prevenir estas consecuencias”.

En lo sustancial, agrega: luego de 7 días de dictado el Decreto No 235/21 y en el marco de la evaluación diaria de la situación sanitaria y epidemiológica del AMBA, “se ha adoptado la decisión de implementar nuevas medidas focalizadas en este territorio tendientes a disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus. El crecimiento exponencial de contagios que se ha observado en los últimos días, proyectado hacia las próximas semanas, evidencia un panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad, lo que amerita el establecimiento de medidas urgentes destinadas a evitar estas gravosas consecuencias”.

Se expresa en los fundamentos del decreto en cuestión que “Por un lado se pretende restringir al máximo la circulación de personas, y por lo tanto del virus, garantizando la realización de la mayor cantidad posible de actividades económicas y, al mismo tiempo, evitar salidas y situaciones que, en muchos casos, se constituyen en focos de contagios que se expanden rápidamente”.

Es decir que, por un lado, se permite la libre circulación de niños, niñas y adolescentes y de los adultos en AMBA desde las 06:00 y las 19:00 horas, pudiendo estos últimos acudir a sus respectivos trabajos. También a bares y restaurantes, actividades que sin lugar a dudas “movilizan a un número importante de personas o se desarrollan en espacios cerrados” (al menos los trabajos de millones de personas).

Otro argumento utilizado para fundamentar esta medida es que desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso del transporte público de pasajeros y pasajeras en el AMBA se habría incrementado en un 25% según datos aportados por el Ministerio de Transporte. Sobre el particular, parece legítimo preguntarse cuántos docentes y niños, niñas y adolescentes utilizan medios de transporte para ir al colegio y cuántos no lo hacen, un dato fundamental para comprender este punto. O al revés, ¿no sería lógico concluir que hay un 75% de docentes y estudiantes que no utilizan el transporte público?

Por otra parte, esa suba de pasajeros, ¿responde efectivamente a docentes y estudiantes?, ¿están relacionados con traslados hacia y desde la escuela? Porque los datos, según se expresa en el decreto, no parecen aludir específicamente a tipo de personas que viajan ni a su destino.

En lugar de ponderar estas circunstancias, el decreto señala en forma general que “en momentos de alta circulación del virus, la reducción transitoria de la circulación de personas” en el AMBA “relacionadas con las actividades de educación presencial, coadyuvará a relantizar la velocidad de transmisión del virus en un momento de crecimiento exponencial de casos en la región y ante la necesidad de prevenir la saturación del sistema de salud”.

Posteriormente se señala que “el grupo de personas de SEIS (6) a DIECISIETE (17) años, entre las semanas UNO (I) a CUATRO (4) del año representaba el CINCO COMA TRES POR CIENTO (5,3%) del total de casos confirmados y entre las semanas DOCE (12) a CATORCE (14) representó el SIETE COMO TRES POR CIENTO (7,3%) del total de casos”; y “Que, al evaluar la proporción de casos que representa cada grupo de edad sobre el total notificado, los grupos de edad de TRECE (13) a DIECIOCHO (18) años y de VEINTE (20) a VEINTINUEVE (29) años son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas”.

Con respecto a este punto y más allá de no mencionarse las cifras de mortalidad infantil o adolescente asociadas al COVID-19 y que sí hemos citado en los fundamentos de este proyecto de ley, los datos no dan cuenta de la actividad que provocó los contagios, si se refiere a la escuela o a actividades sociales que nada tienen que ver con la misma.

De hecho el DNU 241/21, al quitarle a los niños, niñas y adolescentes la presencialidad pero al mismo tiempo mantener su derecho a circular libremente entre las 6:00 y las 19:00 horas, parece resultar contradictorio. Se les prohíbe ir a sus escuelas regularmente pero se les permite moverse con total libertad.

También correspondería preguntarse, si hablamos de 5,3% y 7,3% del total de casos confirmados en niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, ¿cuál es el origen de los contagios en personas a partir de los 18 años, toda vez que se trata del 94,7% y del 92,7%?

¿Qué medidas se ha adoptado respecto a estos últimos?

Sobre la cuestión de fondo expresa el DNU 241/21: “se comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría”. Sin embargo, no sólo es eso lo que recomiendan dichas instituciones y la conclusión a la que han arribado el propio Ministerio de Educación de la Nación y todas las jurisdicciones educativas provinciales y de CABA. Antes de ello, sostienen que “Las restricciones no deben comenzar por el cierre de las escuelas como primera medida”, lo que claramente está ocurriendo.

También se hace referencia en el DNU 241/21 a “medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos y que generan gran movilidad de personas”, en referencia las escuelas.

Según AMBA Data, el Área Metropolitana de Buenos Aires “es una de las 20 áreas metropolitanas más pobladas del mundo” (https://www.ambadata.gob.ar).

“El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con más de 15 millones de habitantes, concentra el 35% de la población de la Argentina y más del 40% de la actividad económica del país”.

Hablamos de una superficie de 13.786 km2 con 4.703.510 hogares.

La situación de CABA y de los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que integran el AMBA (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar,Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate) no sólo no es exactamente la misma, sino además, también existen una multiplicidad de situaciones dentro de cada jurisdicción o distrito.

Por sólo poner un ejemplo. Si un determinado establecimiento educativo cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal adecuados para dictar clases en estricto respeto de los protocolos establecidos y la mayoría de sus alumnos van y se retiran solos a la escuela por cercanía –niños de los últimos años de primaria y toda la secundaria-, ¿por qué no segmentar, por ejemplo, entre quienes están en condiciones de acudir a clases en forma presencial y quienes no lo están?

De hecho, durante el año 2020 se dictaron a nivel federal en forma concomitante al dictado de normas sanitarias –DNU y normativa complementaria, así como protocolos generales- las resoluciones del CFE No 364/2, 370/20 y 386/20 y los marcos pedagógicos para la reanudación de clases presenciales y se avanzó en la preparación y el acondicionamiento de un número significativo de edificios escolares en todo el país en dirección a su reapertura en forma segura y cuidada.

En tal sentido, el Consejo Federal de Educación (CFE) fijó mediante la resolución No 366/2000 las formas de escolarización y las alternativas de variaciones en la organización institucional, en tanto por las resoluciones No 367/20 y 368/20 acordó los criterios de priorización curricular y fijó los criterios de evaluación, acreditación y promoción respectivamente. Bajo ese marco se acordaron las pautas para el calendario escolar 2021 por resolución No 374/20, a la vez que se aprobaron los protocolos y lineamientos federales para la Educación Inicial y Especial mediante resoluciones No 376/20 y 377/20.

El CFE estableció, asimismo, el Protocolo específico y las recomendaciones para la realización de prácticas en los entornos formativos de la Educación Técnico-Profesional por resolución No 371/20, a la vez que por la resolución No 379/20 fijó para dicho ámbito las pautas de evaluación, acreditación y graduación en el contexto de la pandemia.

Ahora bien, según lo establece la resolución CFE No 387 del 12 de febrero de 2021 en sus considerandos, “durante todo el año 2020 el sistema educativo argentino, sus docentes, los y las estudiantes y las familias han hecho un enorme esfuerzo para sostener la actividad de enseñanza y aprendizaje y el vínculo con las escuelas durante la continuidad pedagógica que alcanzó al 95% de la población escolar”: “… no obstante ello, contamos con evidencia que revela la heterogeneidad de las experiencias educativas transitadas y la consecuente profundización de la desigualdad educativa y social que ya afectaba a más de la mitad de la población escolar con anterioridad a la pandemia”; “… en nuestro país y en el marco de las regulaciones establecidas por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION, quince jurisdicciones reiniciaron clases presenciales o actividades educativas no escolares en el año 2020, bien que, destinadas a un número limitado de estudiantes y escuelas, conforme con los planes jurisdiccionales, medidas preventivas y organizaciones institucionales establecidas al efecto”.

A ello agrega la resolución CFE No 387/21 que “la prolongación de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y la experiencia acumulada a nivel nacional e internacional indica que, tanto por razones pedagógicas como sanitarias, es posible y necesario avanzar en la apertura progresiva de actividades escolares presenciales debidamente protocolizadas”; y que “la reanudación de las clases presenciales en todo el país se realizará bajo la premisa fundamental de cuidado de la salud de toda la comunidad educativa”.

Se explica en los fundamentos de dicha resolución que el retorno progresivo a las actividades presenciales, en cumplimiento de lo establecido en la resolución No 364/20 del CFE direcciona en las jurisdicciones con proceso de revisión integral de la organización funcional de las instituciones educativas, en lo concerniente a sus tiempos, espacios y conformación de agrupamientos para el trabajo pedagógico en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Señala entonces el CFE que “esta revisión integral y progresiva demanda repensar y reorganizar las formas habituales de escolarización y enseñanza en la educación obligatoria ampliando y flexibilizando los formatos vigentes y contemplando a la vez: la atención a la heterogeneidad y diversidad de las trayectorias educativas, la combinación de instancias presenciales y no presenciales, la mayor integración curricular (entre áreas, materias, disciplinas) que requiere la enseñanza en el marco de las unidades pedagógicas 2020-2021, la atención a los propósitos de los ciclos escolares y la reorganización de los agrupamientos, tiempos y espacios escolares habituales”.

“Que la experiencia acumulada en 2020 por el sistema educativo, es la base para que las jurisdicciones, los equipos supervisivos, directivos y docentes, efectúen variaciones en los formatos organizativos tradicionales, propiciando nuevas configuraciones de las trayectorias escolares en los diferentes niveles y modalidades del sistema”.

La CFE cita, además, el pronunciamiento conjunto de las defensorías nacional de niños, niñas y adolescentes y de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero, conforma a las cuales “el diseño de estas alternativas debe ser ́pensado en clave de derechos, para asegurar a niños, niñas y adolescentes una presencialidad segura tanto en materia de salud como de contención emocional y reaseguro de aprendizajes ́”.

Y justamente, al considerar que “la unidad del sistema educativo nacional requiere establecer bases comunes para la reorganización del funcionamiento escolar que permitan ordenar este período excepcional, fundadas en experiencias ya probadas que puedan ser re-contextualizadas en concordancia con los marcos normativos jurisdiccionales vigentes y la heterogeneidad y especificidad de cada jurisdicción” se resuelve como PRINCIPIO GENERAL: “Priorizar la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativa, en forma escalonada, conforme con la situación epidemiológica en las unidades geográficas de menor escala en las que resulte posible evaluar el riesgo sanitario y epidemiológico imperante” (Art. 1o).

“CALENDARIO ESCOLAR. Ratificar que las clases iniciarán en todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción bajo cualquiera de las formas de escolarización aprobadas por Resolución No 366/20 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN: presencial, no presencial y combinada” (Art. 2o).

Se regulan a continuación las distintas FORMAS DE ESCOLARIZACIÓN (Art. 3o) que incluye a la “combinada” (Art. 3o inciso c) de la resolución No 387/21 conforme a la cual “alterna tiempos de trabajo de los y las estudiantes con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no presencialidad mediados por diferentes instrumentos y soportes. Se implementará en todos los casos que sea necesario para asegurar el sostenimiento de la norma básica de distanciamiento físico disminuyendo la densidad de ocupación de las aulas y los edificios escolares. Esto requerirá organizar a los y las estudiantes en grupos más reducidos conforme a diferentes criterios y definir regímenes de alternancia de días y horarios de asistencia a la escuela de cada grupo”.

Más aún, se permita a “Las y los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria” sean “eximidos de asistir de manera presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso. Para dichos grupos de estudiantes se brindarán alternativas para asegurar su derecho a la educación y sostener su escolaridad de forma no presencial, contemplando la posibilidad de sostener algunas instancias de intercambio presencial individual bajo los cuidados sanitarios correspondientes” (Art. 6o).

Adicionalmente a lo descripto anteriormente, el Art. 8o de la resolución CFE No 387/21 regula la “ALTERNANCIA”, concepto aplicable a la forma combinada de escolarización conforme al cual “la asistencia alternada de los distintos grupos a la escuela se organizará por turnos, días de la semana o por semana completa dentro de las franjas horarias que establezca cada jurisdicción”, estableciéndose una serie de consideraciones, regulándose además la “ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS” (Art. 9o).

Se establecen además regulaciones respecto a la organización del espacio escolar (Art. 10o), del tiempo escolar (Art. 11o), la comunicación con estudiantes y sus familias (Art. 12o), la planificación de la enseñanza (Art. 13o), de las actividades presenciales (Art. 14o), de actividades no presenciales (Art. 15o), la organización del trabajo docente (Art. 16o), la formación y preparación de los equipos docentes y directivos para el regreso a clases presenciales (Art. 17o), hasta la ayuda del Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa “Acompañar”.

Resulta sumamente importante comprender los excesos en que incurre el DNU No 241/21 al no contemplar ni citar siquiera las normas de la CFE.

Una cosa es que “Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación” (Art. 128 de la Constitución Nacional” y otra muy distinta la extralimitación del Presidente de la Nación y su gabinete en una decisión gravísima no sólo desde el punto de vista institucional sino, sobre todo, de la vulneración de los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes del AMBA y, en particular, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resulta poco alentador que el DNU 241/21 omita citar las normas vinculadas a quienes constituyen el futuro del país y por su temprana edad se encuentran en proceso de formación. Además, la omisión constituye causal de nulidad del decreto.

Efectivamente, según lo dispone el Art. 109 de la Ley Nacional de Educación Pública, la decisión de suspender las clases presenciales no sólo es excepcional para menores de 18 años que cursen en los distintos niveles y las modalidades de la educación obligatoria. En forma concomitante exige que previo a la decisión de suspensión exista una “declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción, según corresponda”.

En el caso del DNU No 241/21 no sólo no existió dicha declaración previa, sino la existente sostuvo exactamente y contrario. Además, el Estado Nacional soslayó la participación en la decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provocando ambos incumplimientos la inconstitucionalidad de dicha norma.

Se citan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos para justificar “sendas limitaciones al ejercicio de los derechos por ellos consagrados, sobre la base de la protección de la salud pública”.

Se sostiene erróneamente que “… todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional, desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida mediante el Decreto No 260/20, prorrogado por el Decreto No 167/21, se encuentran en consonancia con lo establecido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.

Se omite expresamente citar la Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta con jerarquía constitucional, tornándose el Decreto 241/21 inconstitucional por oponerse al mismo.

En dicha convención se recuerda que “en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”; que además se considera que “el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.

Al momento de su elaboración se tuvo presente “la necesidad de proporcionar al niño una protección especial”, toda vez que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Los Estados Partes de la Convención, incluida la República Argentina, han reconocido “el derecho del niño a la educación” (cláusula 28).

La falta de fundamentación del DNU No 241/21 respecto a la suspensión de clases en el AMBA resulta gravísimo. El recurso de manifestar que “medidas similares a las aquí adoptadas, en forma temporaria y focalizada, y en cada sitio según su modalidad, se han adoptado en otros países de diversos continentes, tales como Chile, Uruguay, México, Francia, Italia, Portugal, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Finlandia, Israel, Bélgica, Suiza, entre otros” resulta antojadiza y brutalmente inadecuada, toda vez que no sólo se trata de una generalización inaceptable, sino además porque simultáneamente se omite mencionar normas, estudios e investigaciones y todo tipo de antecedentes nada menos que de la propia República Argentina, soslayando el esfuerzo realizado durante más de un año por todos los argentinos y desoyendo la opinión de las carteras de Educación y Salud de su propio gabinete y de las 23 provincias y la CABA reuniones en el Consejo Federal de Educación (CFE).

Tampoco se hace mérito en el DNU No 241/21 a la opinión de los organismos internacionales especializados en derechos de niños, niñas y adolescentes.

Luisa Brumana, UNICEF Argentina, publicó el día 15 de abril, día del dictado del citado DNU, la nota de opinión “Escuelas abiertas, educación siempre” donde expresa que “La segunda ola de Covid-19 exige la implementación y el cumplimiento de nuevas medidas preventivas para toda la población argentina. El contagio crece y alcanzó en los últimos días picos preocupantes. Restringir la circulación de la población es una manera de cuidarnos y cuidar a los demás. Sin embargo, y aun en contextos difíciles como el que vivimos actualmente cerrar las escuelas no puede ser una medida inicial. La escuela tiene que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrir: las aulas abiertas brindar mucho más que alfabetización, enseñan, crean lazos sociales, alimentan, dan refugio, democratizan conocimientos, orientan y contienen. Está demostrado que tanto los estudiantes como sus docentes no están en mayor riesgo de infección por estar dentro de las aulas”.

Señala claramente que “Los datos disponibles a nivel internacional y local –relevados por el Ministerio de Educación de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires- confirman que la escuela no es el principal foco de contagio y que, si se aplican los protocolos correspondientes, es un lugar seguro”. Nada dice acerca de esos informes el DNU No 241/21.

Cita la tercera encuesta sobre impacto de Covid-19 de UNICEF, realizada en el último trimestre del 2020 según la cual “el 58% de los estudiantes tuvo complicaciones para mantener la atención durante las clases virtuales el año pasado, mientras que el 31% no pudo sostener una rutina relacionada con el aprendizaje durante la pandemia. También, quedó comprobado que cuanto mayor es el tiempo en que niños, niñas y adolescentes están fuera de las escuelas, menos probable es que regresen. Especialmente aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. A su vez, la evidencia muestra que la interrupción de clases presenciales prolongada tiene un alto impacto negativo en la salud mental de los chicos y chicas. La escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales. El proceso de enseñanza y aprendizaje es clave para su bienestar emocional. Al perderse el espacio escolar, se pierde también la posibilidad de contener y revertir las regresiones en los procesos de desarrollo y autonomía, que se presentaron durante el aislamiento”.

Ninguna referencia hay en el DNU No 241/21 acerca del impacto de la suspensión de clases en nuestros niños, niñas y adolescentes.

Y seguidamente expresa tal vez la clase de lo que ha sucedido en torno a esta decisión inconsulta adoptada por el PEN. Señala Luisa Brumana que “Es necesario priorizar un acuerdo político y social para sostener la educación presencial en las mejores condiciones posibles de seguridad. Gran parte del país hoy mantiene sus aulas abiertas con sistemas bimodales, en la mayoría de los casos. Es primordial que allí el cierre de las escuelas sea una medida de último recurso que solo deba tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles. Principalmente, en los contextos de mayor vulnerabilidad. En las jurisdicciones donde se han establecido restricciones para contener la transmisión del virus, es fundamental que las escuelas se abran primero cuando comiencen a suprimirse esas medidas”.

El trasfondo del DNU No 241/21 parece estar asociado a cuestiones de política partidaria en medio de un año electoral. Si bien es difícil comprobarlo, es válido plantear la duda. Hay un trasfondo crítico detrás de una decisión tan sensible adoptada por el Presidente en soledad y contraria a la opinión de sus propios ministros, desoyendo y omitiendo expresamente la opinión de la comunidad educativa argentina y de los referentes educativos de todas las jurisdicciones del país a través del CFE.

Concluye la representante de UNICEF expresando que “La educación es un derecho humano fundamental, que tiene como finalidad garantizar aprendizajes de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. La plena vigencia de sus derechos es un compromiso que toda la sociedad debe asumir, y que debe estar permanentemente presente en la agenda de las decisiones políticas y sociales”.

De este modo, cita aquello que omite el Presidente: “Desde Unicef reconocemos los esfuerzos significativos que se han realizado en todo el país para garantizar la presencialidad cuidada y segura en las escuelas, a partir del consenso expresado por las resoluciones del Consejo Nacional de Educación del mes de febrero. Hoy es necesario mantener estos esfuerzos para evitar profundizar las brechas de desigualdad de los niños, niñas y adolescentes, y garantizar su bienestar”.

Para el Presidente de la Nación, “las medidas aquí establecidas son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud pública” (considerando del DNU No 241/21).

Lamentablemente no es cierto. Es tan falso como los considerandos siguientes. Dice el DNU No 241/21: “… devine imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las Leyes” y cita la Ley No 26.122 que regula a los decretos de necesidad y urgencia.

Señala Santiago José Ramos que “Uno de los temas más controvertidos en materia política es la facultad excepcional que tienen el Poder Ejecutivo Nacional de emitir disposiciones de carácter legislativo por cuanto su abuso implica atentar contra la división de poderes del Estado. Para ello, se prevé el llamado ́sistema de frenos y contrapesos ́ que no es otra cosa que el contralor que hacen los restantes poderes del Estado, legislativo y judicial, del ejercicio razonable de esas funciones por parte del Presidente de la Nación. Sin embargo, sucede a menudo en la vida política Argentina, que el límite de esas facultades legislativas no son tan claras y comienza una disputa del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuando este último entiende que se han excedido las funciones y se ha invadido un aspecto propio de sus atribuciones. A partir de esta disputa, el Poder Judicial de la Nación es quien tiene que dirimir la cuestión y para ello es quien debe interpretar el sentido y alcance de las herramientas legales utilizadas por el Poder Ejecutivo Nacional Para ello, debe indagar acerca de la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 99 inciso 3o de la Constitución y no debe, porque no es su función, inmiscuirse en la conveniencia y la oportunidad del acto administrativo (legislativo) llevado a cabo por el Poder Ejecutivo; valoración que es netamente política, aunque sin dudas esta pueda quedar afectada en su operatividad y vigencia” (Septiembre de 2010, www.saij.jus.gov.ar, Id SAIJ: DACF100064).

La realidad indica que el Congreso Nacional está en pleno funcionamiento, por lo que el DNU No 241/21 resulta, por ese solo motivo de forma, inconstitucional, sin perjuicio de la cuestión de fondo.

Lo que ha ocurrido es que tanto el gobierno de CABA como distintas organizaciones comunitarias e inclusive personas físicas (padres de alumnos de AMBA) han decidido impugnar el DNU, provocándose un escándalo institucional de grandes proporciones.

Al momento de la presentación de este proyecto de ley, el Jefe de Gobierno porteño ordenó por Decreto No 130/21 la promoción de una acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad del DNU del PEN No 241/2 y todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias dictadas o que se dicten en su consecuencia.

Junto a la interposición de la acción se solicita se decrete en forma urgente una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación del artículo 2o del citado DNU como así también de toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia, pidiendo se ordene al Estado Nacional se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado.

Se denuncian violación de la autonomía de la CABA; violación al principio de razonabilidad; y violación al principio de supremacía federal.

Se expresa que “Ninguna prueba o estudio ha presentado el DNU o el Gobierno Nacional para justificar la decisión adoptada con relación a un territorio que si bien es la sede del dicho gobierno, tiene en materia de Salud y Educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasalladas de manera arbitraria e injustificada. Es así que el DNU es flagrantemente inconstitucional por tres motivos: en primer lugar, por haber sido dictado sin necesidad. En segundo lugar, puesto que lo que allí se pretende disponer por vía de DNU, debió hacerse con intervención del Congreso Nacional que no se encuentran en receso, ni impedido de tratar la cuestión en forma inmediata y urgente, y no existen circunstancias excepcionales que hagan imposible los trámites ordinarios para previstos en la CN para la sanción de las leyes (CN art. 99 inc. 3)”.

Considera la CABA que “no puede sostenerse que la escuela virtual sea suficiente para tener por cumplida la obligación de prestar el servicio de educación, cuando la evidencia actual ha demostrado que la falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, en las circunstancias actuales, la no concurrencia no se encuentra justificada … A ello se suma el gravísimo perjuicio causado a los niños y adolescentes en cuanto a su evolución psicológica, interpersonal y social, pues por más que pudieran asimilar todos los conocimientos requeridos para el ciclo escolar, de ninguna forma la educación virtual puede sustituir la presencialidad para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales de los niños y adolescentes”.

Tal como lo describí anteriormente, señala la CABA: “Hoy se conoce mucho más sobre el virus y sus distintas variaciones, los males o afecciones que puede causar, quiénes son personas de riesgo, etc. y fundamentalmente cuáles son las medidas eficaces y demostradas para evitar la propagación del contagio. Es así que se establecieron, de común acuerdo entre las jurisdicciones, los protocolos necesarios y suficientes para asegurar que la presencialidad escolar no impacte en el número de contagios de manera significativa”.

En el punto IX de la demanda se desarrolla “la irrazonabilidad de la medida adoptada por el Estado Nacional”.

Se señala que “Los casos de COVID confirmados acumulados desde el 17 de marzo al 12 de abril (5.006) representan sólo el 0,71% del total de personas que asisten a las escuelas”; que “La cantidad de burbujas aisladas transcurriendo protocolo (945) representa sólo el 2,1% de las burbujas totales. De estos casos que se aislaron preventivamente por contacto dentro de la misma burbuja, se positivizaron sólo el 0,012%”.

A ello agrega CABA que “La escuela no es un foco de contagio ni una carga para el transporte público: Conforme al monitoreo de datos, desde el inicio de clases en febrero existe un cambio significativo, sobre todo en los viajes con boleto estudiantil, que cayeron un 70% aproximadamente”.

Se esgrime muchísima información y evidencia adicional.

Mientras la decisión judicial se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA dictó el domingo 18 de abril resolución judicial en los autos “Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada – Queja por apelación denegada” (actuación No 61658/2021).

La actora solicitó, al igual que CABA, una medida cautelar por la cual se ordene la suspensión del artículo 2o del DNU No 241/21. En lugar de demandar al Estado Nacional se demanda al citado en último término.

La Cámara cita la ley Nacional de Educación No 26.206 conforme a la cual “si bien el Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento, debe respetar las particularidades provinciales y locales”.

“En conclusión, … es manifiesto que a la luz de los textos constitucionales nacional local (conf. Art. 5o, 121, 122, 129 CN y 6 y 24 de la CCABA) la Ciudad Autónoma cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción y que, en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía (conf. Art. 5 CN)”.

Sostiene la Cámara que “… resulta evidente … que lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional”.

“Por lo tanto, dado que el Gobierno local está cumpliendo con las funciones a su cargo, la sanción del artículo 2o, párrafo tercero del DNU PEN No 241/21 implicaría avasallar las competencias locales con grave afectación de la autonomía local”.

De este modo se resuelve hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia “admitir el recurso de apelación”, disponiendo la suspensión de lo dispuesto en el citado artículo, ordenando a la CABA “que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”.

Demás está decir las disfuncionalidades que todo esto provoca en los niños, niñas y adolescentes y en sus padres y familias, originadas en un acto irresponsable, arbitrario e inconstitucional del Presidente.

Por tal motivo e independientemente a lo que se resuelva en otras instancias, incluyendo a la CSJN como autoridad máxima, es que propongo regular un régimen

de funcionamiento de la educación nacional ante situaciones excepcionales, no sólo para hoy sino para mañana, confiando que en algún momento la humanidad logrará superar la pandemia de la enfermedad del COVID-19, pero con la seguridad que enfrentaremos otros desafíos y, tal vez, otras pandemias.

FIRMANTE: José Luis Patiño

ARTÍCULO 1o – Incorpórese como artículo 10 bis al Capítulo 1 (Principios, Derechos y Garantías) del Título I (Disposiciones Generales) de la Ley de Educación Nacional No 26.206 el siguiente texto:

Artículo 10o – La presencialidad constituye una característica esencial e insustituible para los niveles y modalidades de la educación obligatoria para menores de dieciocho (18) años de edad.

Sólo en casos de extrema excepcionalidad la presencialidad podrá combinarse o ser reemplazada con educación a distancia (Título VIII de la presente ley). De proceder, la suspensión de las clases presenciales deberá adoptarse como último recurso y por el menor tiempo posible, debiendo priorizarse por sobre cualquier otra actividad, respetando la decisión que se adopte las condiciones establecidas en el artículo 109 bis de la presente ley.

ARTÍCULO 2o – Modifíquese el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional No 26.206 modificada por la Ley No 27.550 en los siguientes términos:

Artículo 109 – Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Previo a esa edad y para los niveles y modalidades de la educación obligatoria rige lo dispuesto en el artículo 10o bis de la presente ley.

Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario.

ARTÍCULO 3o – Incorpórese como artículo 109 bis al Título VIII de la Ley de Educación Nacional No 26.206 el siguiente texto:

Artículo 109 bis – A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10o bis de la presente ley el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán respetar las siguientes condiciones, de carácter insoslayable, bajo pena de nulidad manifiesta, absoluta e insanable:

a) la iniciativa para la suspensión parcial o total de las clases presenciales deberá encontrarse debidamente informada en evidencia, resultado dicha evidencia de acceso público en los términos de la Ley 27.275;

b) durante la evaluación de la suspensión deberán implementarse mecanismos de escucha que permitan relevar con la mayor certeza posible las opiniones de docentes, padres de todos los niveles educativos y alumnos del nivel secundario, resultando imperativo que la decisión que finalmente se adopta haga mérito de las mismas;

c) previo a la adopción de la decisión el Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia o provincias, según corresponda, deberá declarar su admisibilidad haciendo mérito de lo dispuesto en el punto anterior;

d) sólo procederá cuando la educación presencial resulte inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.

e) se evitará que la decisión de suspender la presencialidad, total o parcial, se adopte con criterio generalizado, debiendo encontrarse las medidas a adoptar rigurosamente focalizadas, a fin de afectar al menor número de niños, niñas y adolescentes posible;

f) se facilitará en lo posible, de resultar viable y conveniente, mediando la modalidad combinada, la presencialidad de grupos más pequeños de niños, niñas y adolescentes, adoptándose para la conformación de esos grupos y la periodicidad en la concurrencia dentro de cada establecimiento, indicadores que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato entre los mismos.

g) establecer junto al Ministerio de Educación de la Nación, al Consejo Federal de Educación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia o provincias, según corresponda, en forma articulada con las autoridades sanitarias correspondientes, las condiciones de seguridad sanitaria y los planes y protocolos que protejan la salud de los niños, niñas y adolescentes, docentes, trabajadores y demás personas vinculadas al sistema educativo.

h) La decisión deberá contemplar medidas para la reorganización pedagógica –de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios- e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad según lo establecen los artículos 80 y 84 de la presente ley.

i) La decisión de suspender las clases presenciales deberá adoptarse como último recurso y por el menor tiempo posible, respetando lo dispuesto en el artículo 10o de la presente ley.

En el mismo acto de suspensión deberán adoptarse las medidas pertinentes para explorar soluciones alternativas que permitan regresar a la presencialidad aún antes de finalizar el reducido término establecido, de resultar factible.

j) Junto a las medidas orientadas a monitorear la calidad de la educación impartida durante el régimen de excepción se establecerán mecanismos para la evaluación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, durante y posterior a la vigencia de dicho régimen, debiendo adoptarse medidas que permitan la detección temprana de afectaciones y abordar su pronto tratamiento.

ARTÍCULO 4o – El Estado Nacional realizará un diagnóstico de la situación general de los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años de edad que participan de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria asociada al eventual impacto asociada al eventual impacto de la pandemia de la enfermedad COVID-19 y promoverá medidas adecuadas para garantizar la atención integral de los casos en los que se detecten disfuncionalidades, ya sea a través de coberturas genéricas no nominativas financiadas por rentas generales a cargo del sector público; coberturas específicas nominativas financiadas por aportes y contribuciones obligatorios administradas por instituciones de la seguridad social; o por coberturas específicas nominativas financiadas por aportes voluntarios administrados por instituciones con o sin fines de lucro.

ARTÍCULO 5o – Derógase el artículo 2o del Decreto No 241/21. 

ARTÍCULO 6o – De forma.
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