El joven Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril del 2020, en un operativo de control policial en la localidad de Mayor Buratovich, en el cual el retén policial correspondiente le labró un acta de infracción por no tener los permisos de circulación correspondientes. El joven vestía pantalón de jogging negro, campera deportiva negra, zapatillas azules y una mochila azul con letras blancas.

En base a la reconstrucción de los hechos uno de los policías afirmó que luego de haber sido frenado en el control de Mayor Buratovich, lo vieron subirse a una camioneta y continuar en dirección hacia Bahía Blanca. El mismo sujeto, cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando. Por otro lado, otro policía afirma haberlo llevado a Facundo hasta Teniente Origone. En un marco de contradicciones, debemos hacer especial mención a que en base a las disposiciones legales vigentes, la primera medida que deberían haber tomado las fuerzas de seguridad es haberle alertado sobre su infracción y solicitarle que regrese a su domicilio.

En principio, la causa fue investigada por la fiscalía de Villarino bajo la carátula de “averiguación de paradero”. Pero, en vista de actuaciones contradictorias en las declaraciones policiales tras los primeros rastrillajes el 19 y 20 de junio de 2020, en los cuales no se encontró ni un solo rastro, y la negligencia por parte de la justicia en cuanto las pericias y pruebas presentadas, la familia solicitó en la justicia federal que la policía Bonaerense sea apartada de la investigación y lo que es aún más importante, la carátula de la investigación judicial pasó a ser “desaparición forzada”.

Que el pasado 11 de julio del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada, solicitó al Gobierno Nacional “inmediatez y exhaustividad, la independencia de los profesionales intervinientes y que se tengan en cuenta todas las hipótesis posibles, además de brindar medidas cautelares para la protección de los testigos que declararon en la causa”. Y que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, le respondió a través de un comunicado que “las más altas autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires han expresado su absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se presentó en la Comisión de Seguridad Interior del Senado de la Nación el pasado 16 de julio, y dijo a los senadores que integran dicha comisión, que “la hipótesis de que la responsabilidad fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no puede ser descartada”, y que “todas las líneas tienen que sostenerse hasta que alguna de ellas se caiga”.

La desaparición forzada tiene un carácter pluriofensivo, por lo cual, al demostrarse la ocurrencia de una desaparición forzada se configura una violación a varios derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, en relación a lo dispuesto en el artículo 7, al derecho a la libertad personal, sin perjuicio de que la detención o privación de la libertad fuera o no realizada conforme a la legislación. Segundo, al derecho a la integridad personal, porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención. Tercero, en atención a lo dispuesto en el artículo 4, al derecho a la vida, ya que la víctima se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge el riesgo de que se viole este derecho. Cuarto, al derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica porque la desaparición forzada implica la sustracción de la protección de la ley o bien la vulneración de la seguridad personal y jurídica del individuo que impide directamente el reconocimiento de la personalidad jurídica, en razón de lo dispuesto en el artículo 3.

Por otra parte, la violencia institucional es entendida como toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad, resulta violatoria de una gran cantidad de disposiciones fundamentales a nivel constitucional y de tratados de derechos humanos, mencionados anteriormente.

Tristemente, en septiembre del 2020, el Poder Judicial confirmó que los restos encontrados en la zona denominada cabeza de buey, en el partido bonaerense de Villarino, lindero a la ciudad de Bahía Blanca, son los de Facundo Astudillo Castro.

El pasado 12 de febrero, La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren todos los teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

La Cámara sostuvo que ya existían en el expediente judicial pruebas que justifiquen este allanamiento: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Teniente Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozos del destacamento y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

La Cámara sólo autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa; los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, se puede confirmar que estuvieron en contacto con Facundo Astudillo Castro el día de la desaparición.

El 31 de marzo la Cámara confirmo en la investigación a la jueza María Gabriela Marrón, que los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin habían pedido apartar por considerar que no es imparcial al escribir que “Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie” y ordenar medidas de prueba tendientes a medir el avance de la marea en la zona del estuario. Los fiscales apuntan a que la jueza estaría dirigiendo la investigación hacia un accidente y no una desaparición forzada.

Un hecho de esta naturaleza y extrema gravedad no puede ni debe quedar impune. Es necesario que recaiga sobre los responsables todo el peso de la ley en atención a sus características, habida cuenta del contexto en que se produce y de quienes habrían tenido participación en el mismo.

La responsabilidad institucional en el esclarecimiento de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro es palmaria. El Estado es responsable ante cada desaparición en democracia, y debe responder frente a las víctimas y sus familiares. Los mecanismos de investigación adecuados y el deslinde de responsabilidades son necesarios para brindar una adecuada respuesta en tiempo y forma a estos hechos calamitosos, que amenazan con seguir sucediendo si desde el poder político no se actúa en forma decidida para ponerle coto.

No hay excusas ni se admiten dilaciones en esta materia. Los derechos humanos deben ser protegidos y mucho más en pandemia, con un contexto de fuertes restricciones a las libertades individuales. El Estado es responsable y las autoridades responsables deben emplear todos los resortes disponibles para esclarecer el caso de Facundo Astudillo Castro así como el de tantos otros ciudadanos que han sufrido la violencia institucional en carne propia.

FIRMANTE: Karina Banfi

Expresar su más profunda preocupación por el transcurso de doce (12) meses sin esclarecimiento de la causa por la que se investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, quien desapareció el pasado 30 de abril de 2020 y fue visto con vida por última vez en un retén policial en la localidad de Mayor Buratovich, Provincia de Buenos Aires. Tras intensos meses de búsqueda, sus restos óseos fueron hallados el 15 de agosto de 2020 en un cangrejal de la zona de Villarino Viejo. A la fecha, la causa sigue sin ser esclarecida.