La Inspección General de Justicia tiene a su cargo las funciones atribuidas por el artículo 3 de la Ley 22.315, que establece la legislación pertinente al Registro Público de Comercio de la Capital Federal consistente en la registración y fiscalización de las sociedades, de las asociaciones civiles y de las fundaciones.

Sin embargo, en total abuso de autoridad, el actual Inspector, Dr. Ricardo Nissen, quiere imponer a todas las las asociaciones civiles; las simples asociaciones; las sociedades anónimas, las fundaciones y las Sociedades del Estado (Ley N° 20.705) la inclusión en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos.

Dicha medida constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de las organizaciones privadas, cuya libre organización se encuentra asegurada por el juego armónico de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Nacional.

Las Resoluciones IGJ No 34/2020 y 42/2020 emitidas por el Inspector General de Justicia en Agosto del 2020, no sólo son contrarias a la Constitución Nacional sino que no se encuentran fundadas en ninguna normativa legal argentina. En sus fundamentos, las Resoluciones abundan en sentimientos loables en pos de la igualdad del hombre y la mujer pero que no encuentran ningún fundamento en alguna norma emanada de esta casa, violando todo principio de legalidad.

Dicha falta de legislación no es un vacío legal fruto de un descuido de esta casa sino una decisión de preservar el ámbito de la organización privada para que los ciudadanos se organicen como mejor les parezca, ya sea en línea o no con las convicciones íntimas de quienes dirigen la Inspección General de Justicia.

Las resoluciones cuestionadas, por otra parte, hacen mención a principios de derecho público que de ninguna manera aplican a la vida interna de las organizaciones privadas como el artículo 37 de la Constitución Nacional y genéricamente a Tratados Internacionales, sin dar precisiones de los fundamentos normativos de su decisión. Esto no se puede tratar de un error sino de una interpretación forzada y caprichosa de la normativa nacional.

Afortunadamente, nuestro sistema constitucional prevé la existencia de funcionarios capaces de extralimitar sus funciones, aprobar incoherencias, forzar interpretaciones, llevar un mal desempeño o que simplemente no funcionan. En esos casos los ciudadanos pueden recurrir a la justicia para proteger sus derechos, tal como sucedió frente a estas resoluciones.

Pero habiendo la Cámara de Comercio resuelto en calidad de alzada contrariamente a las resoluciones de la Inspección y quedando por tanto finalizada la vía administrativa, el Dr. Nissen, por medio de la Resolución General de IGJ N° 12/2021, utiliza el servicio jurídico de la Inspección General de Justicia para amedrentar a los jueces que han resuelto según su propio saber y entender.

En lugar de esperar que se cumplan los plazos y etapas procesales y dar la batalla judicial en los tribunales que considera que corresponden, el Dr. Ricardo Augusto Nissen traslada el debate al Consejo de la Magistratura para obtener políticamente lo que no logra por la vía jurídica.

Por lo tanto, considero que es necesario que este cuerpo legislativo tome este caso, así como todo otro exabrupto reglamentario, y proponga al titular del Poder Ejecutivo Nacional que ponga a los funcionarios en su lugar, a fin de que se respete el Estado de Derecho. Funcionarios que no respetan ni a la Constitución ni a las sentencias judiciales no son dignos de ocupar lugares de responsabilidad en la administración del Estado y deberían ser desplazados sin demoras.

FIRMANTE: Jorge Ricardo Enriquez

Expresar su más enérgico repudio a lo establecido por el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Augusto Nissen, en la Resolución General de IGJ N° 12/2021, por la que inicia un juicio político a dos jueces por el sólo hecho de haber resuelto distinto a sus anteriores Resoluciones IGJ No 34/2020 y 42/2020, manifestando su falta de compromiso con el sistema republicano y su desdén por el accionar de la Justicia.