El presente proyecto tiene como finalidad poner un límite a la figura de la ocupación temporánea anormal consagrada en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley N° 21.499. Vale recordar que este instituto, de la ocupación temporánea anormal, fue introducido por el Gobierno de facto de Jorge Rafael Videla en el año 1977. No es sorprendente que en un contexto dictatorial el gobierno legisle en detrimento de la propiedad privada y de otros derechos constitucionales, pero en plena vigencia del Estado democrático resulta necesario depurar este tipo de normas que ponen en riesgo un derecho fundamental como el de la propiedad. En la práctica, hemos visto cómo este tipo de legislación permite al Poder Ejecutivo pasar de una situación de emergencia, como la que atraviesa nuestro país, a un Estado de excepción de hecho, donde se dejan de lado derechos y garantías fundamentales. 

En ese sentido, el pilar central de este proyecto radica en la defensa del derecho de propiedad, armonizándolo con el interés público y con el mandato establecido en el art. 17 de nuestra Constitución Nacional: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“. 

Nuestra Constitución establece dos supuestos, y sólo dos, a partir de los cuales se permite un desvío del principio de inviolabilidad de la propiedad privada: una sentencia judicial fundada en la ley y una expropiación realizada mediante ley y previamente indemnizada. Son pocos los casos en los que nuestra Carta Magna prescribe aspectos procedimentales y estos deben ser siempre entendidos en favor de quienes verían afectados sus derechos, en este caso, los propietarios. En tal sentido, surge como una anomalía el contenido de los artículos 58, 59 y 60 de la ley aludida, que crea la figura de la “ocupación temporánea anormal” desviándose del texto constitucional. 

Más allá de la definición expresa del artículo 17 de la Constitución sobre qué Poderes del Estado (Poder Judicial y Poder Legislativo) y bajo qué supuestos pueden restringir la propiedad privada, es menester aclarar que la Constitución no sólo no le reconoce ninguna potestad en tal sentido al Poder Ejecutivo, sino que resuelve los vacíos normativos que pudieran llegar a existir en favor del Poder Legislativo. Es decir, que toda atribución que no haya sido específicamente asignada a un Poder en particular cae en cabeza del Poder Legislativo. Esta potestad residual surge del Art. 75 inc. 32 de nuestra Ley Fundamental: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina“. En definitiva, no existe fundamento constitucional para reconocer la existencia de esta figura anormal y violatoria de derechos fundamentales. 

La ley que se busca modificar considera dos supuestos de intervención, la normal y la anormal. Por un lado, existe el instituto de la intervención normal que requiere previamente la declaración de utilidad por parte de este Congreso de la Nación, o de una resolución judicial conforme al artículo 61° de la Ley bajo análisis: “La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad pública, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Pública“. En ningún supuesto la cuestionable ley vigente faculta al Gobierno Nacional a intervenir el derecho de propiedad sin una declaración del Poder Legislativo o del Poder Judicial, conforme a lo estipulado en el Art. 17 de la Constitución Nacional en circunstancias normales. Y, aún existiendo dicha declaración, cabe recordar que la intervención del Estado Nacional genera el derecho a indemnizar a los propietarios desplazados tal como surge del Artículo 62°: “La ocupación temporánea normal apareja indemnización, siendo aplicables en subsidio las reglas vigentes en materia de expropiación. La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.”. 

En cambio, la ocupación temporal anormal, objeto de este proyecto, permite que el Poder Ejecutivo ocupe una propiedad sin la necesidad de obtener previamente una autorización judicial o legislativa basándose en una necesidad “urgente, imperiosa, o súbita”. 

Por ese motivo, se propone la “democratización” del instituto de la “ocupación temporánea” a través de la modificación del Título IX de la Ley 21.499 a través de la derogación de los artículos 59 y 60 y la modificación de los artículos 57 y 62, entendiéndose por dicho término la normalización de las facultades de la autoridad administrativa que, para acceder a la ocupación temporaria, deberá hacerlo por vía de avenimiento o por requerimiento a la autoridad judicial, tal como lo dispone el Art. 61º en su redacción original. 

En el caso del Art. 57º se fusionan los conceptos de “razones de utilidad pública” previstas en ese mismo artículo con la necesidad “urgente, imperiosa o súbita” del Art. 58º cuya sustitución se promueve. 

Adicionalmente, atento a su excepcionalidad, la decisión administrativa de ocupación temporaria deberá ser oportuna, meritoria y conveniente, estar fundada en derecho, y en hechos debidamente respaldados por evidencia, y respetar las regulaciones establecidas en el Título IX de la Ley 21.499.  

La falta de cumplimiento de esas pautas o la violación del debido proceso dará derecho a la restitución inmediata del bien afectado. 

Por su parte y fin de dar coherencia al nuevo articulado, se suprime del Art. 62º la referencia al tipo de ocupación temporaria “normal”, toda vez que será la única aceptada por el nuevo régimen, garantizándose de ese modo el respeto de las garantías constitucionales asociadas al derecho de propiedad, al tiempo que la habilitación a la autoridad pública para ocupar temporalmente un bien privado se realice bajo estricto cumplimiento de pautas y procedimientos debidamente fundados y mediando consentimiento del afectado o las garantías de imparcialidad propias del poder judicial. 

En virtud de esto, presenté este proyecto de ley, para intentar cerrar esta Caja de Pandora que, mediante un instrumento creado por la última dictadura, permite subvertir el orden constitucional poniendo en peligro un derecho fundamental como es el derecho de propiedad. 

.

ARTÍCULO 1°.- Modifícanse los artículos 57 y 62 de la Ley 21.499, los que quedarán redactados de la siguiente forma: 

“Artículo 57. Cuando por razones de utilidad pública que respondan a una necesidad urgente, imperiosa, o súbita, fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporaria”.  

“Artículo 62. La ocupación temporaria, previa declaración legal de utilidad pública, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Pública”. 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el artículo 58 de la Ley Nº 21.499 por el siguiente:  

“Art. 58.- La decisión administrativa de ocupación temporaria deberá ser oportuna, meritoria y conveniente, estar fundada en derecho, y en hechos debidamente respaldados por evidencia, y respetar las regulaciones establecidas en el presente título. La falta de cumplimiento de esas pautas o la violación del debido proceso dará derecho a la restitución inmediata del bien afectado.” 

ARTÍCULO 3°.- Deróguense los artículos 59 y 60 de la Ley Nº 21.499. 

ARTÍCULO 4º.- De forma.  

.

FIRMANTE: JOSÉ LUIS PATIÑO

COFIRMANTES:

DAVID PABLO SCHLERETH 

PABLO TORELLO

GABRIEL ALBERTO FRIZZA

JULIO ENRIQUE SAHAD

JUAN ACEIGA

HERNÁN BERISSO

GUSTAVO RENÉ HEIN

OMAR BRUNO DE MARCHI

JOSÉ CARLOS NÚÑEZ

FEDERICO ANGELINI

ALBERTO EMILIO ASSEFF

VIRGINIA CORNEJO

ROBERTO STEFANI

JORGE RICARDO ENRIQUEZ