El proyecto de creación de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso cuenta con antecedentes internacionales y reconoce iniciativas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El mismo responde a la necesidad de incorporar al trabajo parlamentario una instancia de vinculación y reflexión transversal y sistemática sobre sobre cuestiones científicas o tecnológicas de gran impacto para la sociedad, y que pueden incidir en la regulación y en la creación de políticas públicas.

La ciencia y la tecnología atraviesan todos los campos de la política, por lo que cada vez es más necesario, en el debate parlamentario, contar con información objetiva y de calidad basada en evidencia científica.

Es importante reconocer que el desconocimiento de ciertos temas generalmente lleva al rechazo, y la incertidumbre sobre las consecuencias también puede llevar a la indecisión.

A modo de ejemplo, en los últimos años hemos tratado temas complejos y controvertidos, como el uso medicinal de cannabis o cuestiones vinculadas al medio ambiente, la edición génica o la privacidad en entornos virtuales. En todo el mundo y en cada debate, los presidentes de las comisiones suelen convocar a expertos, pero muchas veces con un criterio sesgado que solo refuerza posiciones políticas previamente tomadas. En otros casos, como sucedió en el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, han pasado casi mil expositores y muchas veces basaron sus afirmaciones en datos contradictorios imposibles de consolidar en medio del debate.

Para hacer frente a esta situación, varios parlamentos del mundo cuentan con oficinas de asesoramiento científico y tecnológico con el fin de proveer información a sus diputados y senadores. La primera oficina de este tipo se creó en 1972 en Estados Unidos y se denominó Oficina de Evaluación Tecnológica (OTA). Posteriormente, Alemania y Austria también crearon sus propias oficinas. En Francia existe la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, al igual que en el Reino Unido (Parliamentary Office of Science and Technology – POST). En julio de 2015 México creó la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión y en 2019 hizo lo propio España, con una fuerte campaña de la comunidad científica y la sociedad civil.

En agosto de 2013, en vista del creciente interés manifestado por parlamentos de distintos países del mundo, la Unión Interparlamentaria creó un Grupo de Trabajo para elaborar las directrices para el establecimiento de este tipo de servicios. En ese momento, el Secretario General de la UIP, Martín Chungong, expresó al respecto: “Disponer de un servicio de investigación parlamentaria bien dotado de recursos es un componente fundamental para la eficacia de los parlamentos. Los servicios de investigación parlamentaria tienen un incalculable valor como fuente de análisis independiente, neutral y no partidista. Ofrecen un espacio seguro en el que los parlamentarios de todos los partidos políticos pueden formular preguntas y obtener respuestas dignas de confianza. Contribuyen a la autonomía del parlamento al proporcionar una evaluación realista de las perspectivas presentadas por la rama ejecutiva del gobierno, los grupos de presión y los medios de comunicación. Sus análisis sirven de base para la labor legislativa y de supervisión del parlamento y ofrecen a los parlamentarios la información que necesitan para hacer bien su trabajo” (Prólogo a las “Directrices para los servicios de investigación parlamentaria”, publicadas en 2015).

En nuestro país esta información basada en evidencia científica puede obtenerse de manera eficiente estableciendo y reforzando los vínculos con universidades, institutos y otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como así también a través de la diplomacia científica y el monitoreo permanente del conocimiento generado en la comunidad científica y tecnológica internacional.

Con esta premisa, en agosto de 2017 la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a cargo del Diputado Emilio Monzó, recibió al Embajador británico Mark Kent y a la doctora Lydia Harriss, quien se desempeña en la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido (POST), oportunidad en la que se exploró la posibilidad de organizar actividades de cooperación e intercambio recíproco.

A partir de ese momento, junto a la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, se inició un proceso de cooperación que se materializó en la Asesoría Parlamentaria de Información Científica y Tecnológica dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la HCDN (RP N°1316/17), en su momento a cargo del firmante de este proyecto. En dicha oportunidad se articuló una mesa de trabajo integrada por funcionarios dependientes de la Dirección de Información Parlamentaria, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, la Dirección de Servicios Médicos (todos de la HCDN) y de la Dirección de Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El objetivo principal fue relevar los recursos disponibles en la Cámara de Diputados para explorar una nueva categoría de servicio de asesoramiento legislativo.

Durante ese período se realizaron diferentes encuentros donde científicos y tecnólogos de diferentes países, universidades y centros de investigación expusieron sobre temas como el futuro del trabajo, biotecnología, Internet de las cosas, alternativas a la experimentación con animales, criptomonedas, gestión de datos, ciberseguridad y gobernanza de Internet. También se prestó colaboración a la iniciativa llevada a cabo por el Círculo de Legisladores de la Nación denominada “Cambio de Roles”, donde estudiantes de catorce universidades elaboraron un proyecto de ley sobre el uso de drones, en la primera edición (2018), y sobre criptoactivos en la segunda (2019). Por otra parte, se consolidaron relaciones con el Programa de Asesoramiento Científico Gubernamental dependiente del MinCyT, con el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) y con organizaciones independientes como la International Network for Government Science Advice (INGSA).

Adicionalmente, se propuso la realización sistemática de informes breves con información científica y tecnológica, para que llegado el momento los diputados cuenten con una misma base de conocimiento, más allá de que después decidan según sus ideas y convicciones.

Los primeros informes se desarrollaron en el marco del programa de asistencia técnica que se concretó en 2019, oportunidad en la que la Parliamentary Office of Science and Technologies del parlamento británico transfirió al Congreso argentino su metodología para el asesoramiento y producción de material científico-técnico especialmente diseñado para el ámbito legislativo. En este contexto se abordaron cuatro temas incluidos en la agenda del G20 Japón 2019 con el fin de producir los primeros informes propios: envejecimiento e inclusión financiera, basura plástica marina, criptoactivos, y ciberseguridad y ciberdefensa.

La primera etapa de capacitación, en junio de 2019, se llevó a cabo en el marco de la tercera versión del Foro Parlamentario de Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Internacionales que venía organizando la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria desde 2017, focalizado precisamente en “La investigación al servicio de los parlamentos”.

La segunda etapa se realizó en septiembre de 2019 y consistió en la producción de los informes. En diciembre de 2019 el informe sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa fue impreso y presentado en el G20 de Japón por el Director General de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Juan de Dios Cincunegui, como coordinador del proyecto, y por el Vicepresidente 2° de la HCDN en 2019, Diputado Luis Petri. En esa instancia, ante los parlamentarios del mundo, el diputado Luis Petri señaló: “Tal como se propicia en la propuesta de declaración, si realmente queremos influir en las decisiones a nivel global y en nuestras respectivas sociedades, resulta imperativo que nuestros parlamentos sean creíbles, transparentes, accesibles, abiertos, cercanos a la gente, focalizados, responsables y efectivos; y nuestras decisiones se basen en evidencia”.

Y continuó diciendo: “En la declaración que proyectamos nos comprometemos a mejorar nuestros servicios de investigación parlamentaria e instamos a la Unión Interparlamentaria a ayudarnos a compartir experiencias en tal sentido. Propongo pasar de las palabras a los hechos, y una vez aprobada la declaración conjunta analizar junto a la UIP la posibilidad de crear grupos de trabajo integrados por parlamentarios y personal experto de los parlamentos del G20 e invitados especiales a esos fines. En Argentina en los últimos años hemos recibido apoyo significativo de parlamentos del G20 que están contribuyendo a la mejora de nuestros servicios de investigación. Por ejemplo, el Bundestag de Alemania; el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos de América; el Centro de Estudios Gilberto Bosques de los Estados Unidos de México; y la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, más conocida como POST, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En definitiva, propiciamos impulsar trabajos de investigación parlamentaria compartidos sobre desafíos globales tales como la prevención del uso de las nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales o terroristas, al tiempo que se garanticen los derechos y garantías de los ciudadanos en materia de privacidad y derechos humanos”.