Si bien cargos de Diputado de la Nación y Senador de la Nación cumplen una función de representación, y según establece nuestra Constitución Nacional no existen otros requisitos que los indicados en los artículos 48 y 55 respectivamente, en los últimos años se ha naturalizado la exigencia de realizar una capacitación previa obligatoria sobre determinados temas. Este es el caso de las denominadas Ley Micaela (Ley N° 27499) y Ley Yolanda (Ley N° 27592).

La primera establece, en su artículo primero, que deberán realizar una “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. La segunda norma mencionada, por su parte, establece en su artículo 2° que deberán realizar “la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.”

En tal sentido, este proyecto busca establecer una instancia de capacitación obligatoria de los diputados nacionales y senadores nacionales electos por primera vez, a los fines de poner en conocimiento el Reglamento de la Cámara que corresponda y afianzar las nociones fundamentales sobre los principios que rigen nuestra Constitución Nacional.

Esta exigencia, que podría parecer innecesaria, surge ante diferentes situaciones que suelen darse en la dinámica legislativa. Para mencionar sólo dos ejemplos, citaré la recurrente interpretación errónea de un instrumento reglamentario de ambas Cámaras, como es la moción de privilegio. Algo con lo que los distintos Presidentes a lo largo del tiempo deben lidiar para mantener el normal funcionamiento de las sesiones. Por otro lado, recientemente hemos sido testigos de la media sanción inicial en el Senado de la Nación, de un proyecto de ley que crea una nueva contribución cuando claramente, en su Artículo 52, la Constitución Nacional establece que “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.”

Es esperable que cada vez más ciudadanos participen en política y que algunos logren acceder a cargos de representación, pero es fundamental que el ejercicio de su función se desarrolle en el marco de lo prescrito por la Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara para la cual fue elegido.

De acuerdo al resultado de una encuesta publicada hace unos años por el Diario La Nación, efectuada por la Consultora Mora y Araujo a instancias de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el 85% de los ciudadanos considera que la Constitución Nacional es un documento jurídico-institucional esencial para nuestra vida en democracia, pero el 77% aclara que conoce poco o nada sobre ella.

Esta situación, por lo tanto, torna necesario generar mecanismos institucionales desde el seno del propio Congreso de la Nación para que los ciudadanos elegidos para representar a sus pares cuenten con el conocimiento fundamental que exige un cargo de tamaña responsabilidad.

Nuestro Congreso cuenta con la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación (DGIC) del Honorable Senado de la Nación y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quienes serán las autoridades de aplicación que garantizarán la capacitación de los legisladores electos.

FIRMANTE: José Luis Patiño

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA LEGISLADORES NACIONALES

Artículo 1°.- Establécese la capacitación obligatoria en la temática de formación y sanción de leyes, cuestiones reglamentarias y principios constitucionales, para todos los senadores y diputados que asuman a sus cargos por primera vez.

Artículo 2°.- Los senadores y diputados deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan las respectivas cámaras legislativas.

Artículo 3°.- La Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación (DGIC) del Honorable Senado de la Nación y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación son las autoridades de aplicación y deberán garantizar la capacitación de los legisladores electos mencionados en el artículo 1o. Para tal fin, las autoridades de aplicación podrán realizar adaptaciones de materiales y programas, o desarrollar uno propio,

Artículo 4°.- Las autoridades de aplicación deberán incluir en el programa de capacitación conocimiento sobre el reglamento de la Cámara correspondiente, principios constitucionales, atribuciones de las Cámaras y nociones de técnica legislativa.

Artículo 5°.- La capacitación deberá realizarse, de manera remota o presencial, antes del inicio del primer periodo de su gestión legislativa.

Artículo 6°.- El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, en su página web, deberán brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Las autoridades de aplicación publicarán un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de senadores y diputados que se han capacitado.

Artículo 7°.- Los legisladores que se negaren, sin justa causa, a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley, serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con la Presidencia de la Cámara que corresponda. El incumplimiento de dicha intimación será considerado una falta y dará lugar a la publicación de la negativa a participar en el sitio web de la Cámara correspondiente.

Artículo 8°.- Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación según corresponda.

Artículo 9o.- La presente ley entrará en vigor al inicio del año parlamentario siguiente al de la sanción de la misma.

Cláusula transitoria: en el año de entrada en vigencia de esta ley, por única vez, todos los senadores y diputados de la nación deberán realizar la capacitación, de forma indistinta si es o no su primer mandato.

Artículo 10.- De forma.